Implementación del catastro urbano y la disposición a pagar el impuesto predial por los usuarios en la ciudad de Aguaytía, 2023 / presentado por Alondra Kiara Diaz Aguilar ; [Hugo Soto Pérez, asesor]
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Lenguaje original: Español Tingo María, Perú : Universidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Ciencias Económicas Administrativas, Economía ; 2024Descripción: [8], 50 hojas : Ilustraciones (blanco y negro), tablas (blanco y negro), gráficos(color) ; 30cmTipo de contenido: - texto impreso
- sin mediación
- volumen
- 22 336.22
Contenidos parciales:
Alcance y contenido: En las regiones del mundo donde se implementan sistemas catastrales, es comin encontrar estructuras que se fundamentan registrando de manera central un modelo que abarca deberes, responsabilidades y derechos sobre la propiedad de un inmueble (RRR). No obstante, este enfoque está siendo cada vez más cuestionado tanto por la comunidad académica como por el sector industrial (Cornejo, 2020).
En diversas naciones alrededor del mundo, los recursos destinados a la adquisición de bienes y la provisión de servicios públicos se obtienen mediante la recaudación de tributos, que abarcan impuestos, contribuciones y tasas. La recolección de estos tributos puede ser llevada a cabo tanto por los gobiernos centrales como por los gobiernos locales, y esto depende de los sistemas, métodos o técnicas específicas de recaudación que cada país emplea. Estos enfoques consideran factores diversos que pueden influir en el proceso, como el tipo de cultura tributaria arraigada en la sociedad (Sánchez, 2023).
En el contexto internacional, en relación con el impuesto predial, el organismo encargado de ver la cooperación entre países que están desarrollados [OCDE] (2020), según la referencia de Sánchez (2023), proporciona datos sobre la recaudación de este impuesto en economías de Asia y el Pacífico. Según estos datos, tomando el Producto Interno Bruto (PBI) como indicador, Japón registró una recaudación del 2.6% en los años 2017 y 2018. Por su parte, Corea obtuvo un 3.1% en 2017 y un 3.3% en 2018, mientras que Nueva Zelanda presemo cifras de 1.9% en 2017 y 2% en 2018. En promedio, estos paises reciden 1.9% por concepto de impuesto predial en ambos años mencionados (Sáncher, 2023).
Es correcto afirmar que las ciudades de mayor tamaño, asf comes aquelles cos s actividad económica más intensa, tienden a recaudar cantidades considerablemente mayores en comparación con las ciudades más pequeñas o con un menor dinamismo económico, al evaluar el rendimiento per capita del tributo sobre los bienes inmuebles y terrenos urbanos (IPTU). Este patrón se observa tanto en el contexto peruano como en otros lares donde dicho tributo está bajo la jurisdicción municipal. Esta disparidad plantea un desafio para la elaboración de regulaciones claras en lo que respecta a la distribución de responsabilidades tributarias (Alfaro, 2020).
En muchos casos, los municipios de menor tamaño pueden necesitar el respaldo de otros niveles de gobierno para lograr una gestión efectiva de la recaudación tributaria. Alternativamente, podrian buscar acuerdos o asociaciones con diferentes comunas con el objetivo de reducir lo que cuesta asociados con la administración del catastro, el ingreso de ello y la valoración de los precios. Estas estrategias podrían ser esenciales para garantizar una administración tributaria eficiente y equitativa en el ámbito municipal (Alfaro, 2020).
En el Perú se enfrenta a un notable problema de evasión y morosidad fiscal, una situación que genera inquietud en el contexto de la economía nacional. Los gobiernos locales despliegan importantes esfuerzos con el propósito de brindar apoyo a sus contribuyentes y fomentar el cumplimiento tributario. La colaboración activa de los contribuyentes al realizar los pagos correspondientes no solo beneficiaría a nivel individual, sino que tendría un impacto significativo en la mejora general de la economía del país. La importancia de contar con una base tributaria cumplida se refleja directamente en la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales y llevar a cabo proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible y equitativo de la nación (Molina, 2021).
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